De acuerdo a lo informado por el gobierno local en un comunicado, fueron identificados «20 hombres, 17 mujeres y 18 niños» que fallecieron en medio del desastre, mientras los rescatistas continúan buscando a una persona desaparecida, según señalaron los servicios de Defensa Civil.
En este sentido, Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, reconoció la insuficiencia del sistema de aviso a través de mensajes de texto para prevenir una tragedia y, en consecuencia, adelantó la instalación de sirenas en áreas de riesgo y la inversión gubernamental para que se puedan construir viviendas en beneficio de aquellas personas que han quedado sin casa, debido a las fuertes tormentas.
En referencia a esto, se estima que, al menos, 4.000 personas perdieron sus viviendas por los derrumbes, la mayoría de ellas pertenecientes a las localidades de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatuatuba, Ilhabela y Bertioga.
Por la gravedad del asunto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que inició el pasado 1º de enero, ya dispuso 11,2 millones de dólares para las reconstrucciones anunciadas, además de proveer el portaaviones más grande de la Armada en el puerto de la ciudad más afectada, como un centro de atención médico y provisión de alimentos a la población damnificada.
La otra cara del desastre tiene que ver con las responsabilidades civiles y judiciales que abarcan lo sucedido. Por esta razón, la fiscalía que interviene la tragedia se encuentra realizando investigaciones, ya que hace cuatro años se denunció la existencia de alertas de derrumbes sin que el gobierno de turno tomara cartas en el asunto para remover a las poblaciones.
De hecho, casi 10 millones de personas en Brasil se encuentran expuestas al riesgo de deslizamientos o inundaciones por las zonas de riesgo que habitan, sin intervención gubernamental, hasta el momento.
