El conductor televisivo Marcelo «Teto» Medina fue detenido este jueves junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones, informaron fuentes policiales y judiciales.
La investigación se centra en una comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir -que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud bonaerense, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba
Fuentes judiciales informaron que en el lugar «se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad».
Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y otras 16 personas fueron demoradas, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba.
El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido.
El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.
En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes judiciales.
Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.
También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas, según revelaron a Télam fuentes judiciales.
