Los actos de violencia política aumentaron 400% en Brasil en relación a 2018, en unas elecciones disputadas entre dos figuras populares como el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, consideradas las más polarizadas de la historia y con características de la vieja república terrateniente: más de 1.200 empresas están siendo investigadas por extorsionar a sus empleados para que voten por la reelección de la ultraderecha.
«El aumento de la violencia política está relacionado con un clima de intolerancia y de odio que creció enormemente a partir de la campaña de 2018 en la que salió electo Bolsonaro. El propio Presidente presenta un discurso de intolerancia muchas veces racista, machista, que suena como una autorización para no tener límites», dijo a Télam Sandra Carvalho, de la ONG Justicia Global.
La entidad realiza un informe sobre la violencia política en ascenso en Brasil, algo sin precedentes desde el fin de la dictadura militar en 1985 y que nunca se vio en las elecciones generales desde 1989 hasta 2018, cuando Lula, por ejemplo, estaba preso y fue proscrito por el juez Sérgio Moro, que después se sumó al Gobierno del vencedor de la elección como ministro.
«El aumento de la violencia política está relacionado con un clima de intolerancia y de odio que creció enormemente a partir de la campaña de 2018 en la que salió electo Bolsonaro. El propio Presidente presenta un discurso de intolerancia muchas veces racista, machista, que suena como una autorización para no tener límitesSandra Carvalho
Según Carvalho, hasta 2018 una persona era víctima de violencia política cada ocho días y en 2022 esa proporción aumentó a un caso cada 26 horas.
El impacto de la violencia en la campaña se vio con el asesinato por parte de bolsonaristas de tres electores de Lula desde julio en los estados de Paraná, Mato Grosso y Ceará.
El caso más emblemático fue el de Marcelo Arruda, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) en Foz do Iguazú, en la frontera con Misiones, asesinado por el agente penitenciario bolsonarista Jorge Guaranhos, que invadió la fiesta de cumpleaños de su víctima y lo remató a tiros porque tenía una camiseta con la cara de Lula al grito de «Acá somos Bolsonaro».
En tanto, en Santos, estado de San Pablo, un votante de Lula mató a su pareja, otro hombre, bolsonarista, tras una pelea en la cocina del departamento donde convivían hacía seis años.
Según Carvalho, en Brasil está disminuyendo la cultura política por falta de canales para hacerlo y en ese sentido puso como ejemplo los debates televisivos, que han dejado de ser espacios para propuestas y sí para otro tipo de puesta en escena.
«Es necesario buscar otros canales para conocer las distintas propuestas. Las fake news son extremadamente dañinas para la democracia y deben ser combatidas. Buscar un espacio de tolerancia es deber de todos los partidos y sus representantes», aseguró la especialista.
Según el informe de la violencia política en Brasil, la gestión de Bolsonaro sirvió para erosionar la credibilidad de las instituciones.
«Vivimos cuatro años de mucha devaluación de la democracia por parte de las máximas autoridades de Brasil, comenzando por el propio Presidente de la República. Bolsonaro ha desacreditado públicamente a la constitución federal, al Supremo Tribunal Federal y al propio Congreso Nacional, la casa que lo albergó durante más de 30 años», aseguró.
«Además, debilitó a la democracia en una de sus atribuciones más importantes, la participación social. En este sentido, el clima antidemocrático es fomentado y difundido por el propio Presidente», indicó.
Además del aumento de la violencia política, Brasil ingresó en una fase de extorsión a electores por parte del poder económico que no se registraba desde el siglo XIX, cuando el Imperio del Brasil permitía la elección de congresistas, o en la llamada Vieja República (1889-1930), cuando Minas Gerais y San Pablo cometían fraude institucionalizado para repartirse el poder posmonárquico hasta el ingreso de una nueva clase política empujada por el golpe de los militares de Getulio Vargas.
Acoso electoral
Un relevamiento del Ministerio Público del Trabajo, la fiscalía laboral de Brasil, indicó que se registró un récord hasta el miércoles 26 de octubre de 1.284 empresas acusadas de «acoso electoral», es decir, de patrones, dueños, CEOs y gerentes de Recursos Humanos que extorsionaron a empleados para que voten a Bolsonaro.
En total, hubo en toda la campaña 1.633 denuncias de este tipo recibidas por la justicia electoral y los sindicatos.
En 2018, según la oficina de prensa del Ministerio Público del Trabajo, las denuncias de acoso empresarial para votar en contra del PT sumaron 98.
Uno de los casos más recientes ocurrió esta semana en el estado más bolsonarista del país, Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis, principal destino turístico de verano de los argentinos en Brasil.
La justicia electoral recibió 150 denuncias contra una promoción del parque de diversiones Beto Carrero World, cuyo dueño es abiertamente bolsonarista e invita asiduamente al lugar al presidente.
El empresario ofreció un descuento del 25% a quien fuera vestido de rojo y estuviera de 8 a 17 el domingo, en el horario de la votación, dentro del lugar.
El parque prometió un pasaporte promocional llamado «Para Todos» con las iniciales destacadas, en alusión al Partido de los Trabajadores, con la frase «para los amigos que no gustan del verde y el amarillo», por los colores de la bandera de Brasil, que ha usado el bolsonarismo como símbolo.
Los casos de acoso electoral tienen su eje en Minas Gerais, estado clave para toda elección y el centro de la disputa electoral: quien gana este estado, el segundo más poblado, siempre se llevó la victoria a nivel nacional desde 1989.
El gobernador es el libertario Romeu Zema, aliado de Bolsonaro, aunque en la primera vuelta Lula venció por seis puntos en Minas Gerais.
Al menos 90 empresas ya fueron multadas luego de que aceptaran una acuerdo con la fiscalía laboral para evitar procesos mayores por extorsionar a los empleados a votar a Bolsonaro.
Relatos de trabajadores que filmaron reuniones con sus patrones indican que varias empresas pidieron a los empleados los documentos para el viernes 28 para evitar que vayan a votar a Lula el domingo.
