Al encabezar el cierre anual del Consejo Económico y Social (CES), Alberto Fernández advirtió además que el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere «la madurez, responsabilidad y sensibilidad de toda la dirigencia» política, de cara a una negociación que reúna «las expectativas de todos los sectores productivos» y permita bajar los «niveles de pobreza» en el país.
«Tenemos por delante el inmenso desafío de generar puntos de encuentro; el nuevo pacto social de la Argentina debe estar fundado en la solidaridad», expresó el Presidente, durante el evento en el Teatro Nacional Cervantes, de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, el mandatario volvió a plantear la necesidad de «reconstruir el federalismo» y reitero su propuesta de trasladar la Capital Federal al interior del país para garantizar «otro polo de desarrollo» que permita «poblar a la Argentina con un sentido armónico en lo social y productivo en lo económico».
En otro tramo de su discurso, el mandatario reiteró la necesidad de lograr una organización económica mundial ambientalmente sustentable y ponderó que «la Argentina tiene todo para ser protagonista» en el proceso de cambio climático a «nivel global».
A renglón seguido, Fernández anunció el próximo envío al Congreso de la Nación de una serie de proyectos de ley sobre materia ecológica, que abarcará aspectos como la «transición energética, preservación de bosques y la conformación de una agencia nacional de observación ambiental», entre otras iniciativas.
Alberto Fernández dedicó un párrafo de su discurso a temas vinculados con la seguridad y la respeto a los derechos humanos.
Exhortó a «decirle nunca más a la violencia», reafirmó que se trata de una «deuda de la democracia argentina» y anunció que se convocará a la conformación de una «agencia de prevención de la violencia».
Adelantó que «en los próximos cien días y con el apoyo técnico de Naciones Unidas» se convocará «a todas las instancias políticas, sociales y del conocimiento del país al diseño de un plan maestro de acción que guíe la constitución de una agencia de prevención de la violencia».
«Tenemos que construir una política de Estado atendiendo a las características multicausales de este drama que afecta a la paz social», expresó el Presidente.
En relación al accionar de la justicia, el jefe de Estado propuso «abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de la Nación» y consideró que «las demoras en el servicio de justicia imponen revisar los mecanismos de trabajo, el número de integrantes, y la división de tareas» del máximo tribunal.
«Nadie tiene la razón absoluta en este tema porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar por los años por venir», sostuvo el Presidente, quien planteó además la necesidad de modificar a través de una nueva ley la conformación del Consejo de la Magistratura.
En materia educativa, Fernández convocó «a todo el país a debatir una nueva escuela secundaria», con eje en la «formación del trabajo del futuro», y en la que prime una «cultura que respete las diversidades».
«Tenemos por delante el desafío del regreso a las aulas» de quienes desertaron por la pandemia, afirmó el jefe de Estado y pidió al CES contribuir a «enriquecer este debate en conjunto con el Parlamento».
Adelantó que el Gobierno convocará «en las próximas semanas a un congreso nacional de la productividad» para avanzar en «nuevas formas de vínculo entre la educación y el trabajo», donde se analice el avance de la tecnología «sin ningún tipo de concentración» y en el que se «superen las brechas de género que impiden la equidad».
Alberto Fernández inició su discurso anunciando que los 15 participantes mejor calificados del programa Inteligencia Artificial podrán continuar «capacitándose en el exterior» y aseguró que ese plan «es único a nivel mundial» y «demuestra cómo funciona la interacción de empresas, estados y la universidad».
