El Consejo de la Magistratura analiza escenarios posibles para cuando se cumpla la semana que viene el plazo de 120 días que fijó la Corte Suprema de Justicia para que el organismo que elige, remueve y sanciona a los magistrados cambie su composición y sume representantes de los estamentos técnicos.
Los abogados y jueces ya cumplieron con el máximo tribunal y eligieron el martes a las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; y el jueves fue el turno de los magistrados que votaron mayoritariamente a la jueza civil Agustina Díaz Cordero para integrar el Consejo.
Resta entonces que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales, designe a su representante el lunes 18, para que se complete el estamento técnico y cumplan así con la demanda de volver a una integración de 20 miembros desde los 13 actuales.
La Corte dispuso el plazo de 120 días, que se cumplirá el próximo viernes 15, -que es feriado nacional por el Viernes Santo- para que el Consejo equilibre su composición entre miembros técnicos (abogados, jueces y académicos) y políticos (legisladores y representante del PEN), volviendo a la integración de 20 miembros de 2006 o mediante una ley del Congreso que considere esta paridad que señala la Constitución.
El Senado dio media sanción la semana pasada a una propuesta de 17 miembros, sin la presidencia a cargo del presidente de la Corte, en este coyuntura Horacio Rosatti, como establece la ley vigente hasta 2006, cuando fue reformada por iniciativa del kirchnerismo y redujo sus miembros a los 13 actuales.
Pero en la Cámara de Diputados ya avisaron que no se llegará a tratar y votar el proyecto, teniendo en cuenta que la semana que viene es corta por los días no laborales de la Semana Santa.
En el fallo de mediados de diciembre del año pasado, la Corte fijó el plazo de cuatro meses y señaló que si el órgano no se adecuaba cumplida la fecha sus decisiones serían nulas.
En función de esta caducidad anunciada, los consejeros analizan escenarios posibles para anticipar la dinámica que tendrá el Consejo a partir del lunes 18.
En principio, los consejeros esperan alguna señal de la Corte, que podría venir por la convocatoria a que juren los nuevos consejeros elegidos, las abogadas, la jueza y eventualmente el representante académico.
Si la Corte decidiera no convocar a los consejeros elegidos para la jura, y por tanto no se volviera a la integración de 20 miembros antes del plazo, el Consejo quedaría anulado para tomar las decisiones que tienen que ver con concursos para cubrir vacantes en juzgados, sanciones y actos administrativos, entre otras competencias.
El tercer escenario que manejan los consejeros es que efectivamente los diputados nacionales aprueben la ley con media sanción del Senado y se integre finalmente el Consejo con el mandato de la Corte.
La lectura en el Consejo, en el sector más afín al Gobierno, es que el fallo de la Corte es una iniciativa política, que colocaría a Rosatti al frente de una institución judicial clave, y que interpela básicamente a la clase política porque cuestiona su representación.
“La pelota no pica en el campo de la Corte, ni del Consejo”, señaló a Télam una fuente judicial que asegura además que el máximo tribunal hará cumplir su fallo sin otra posibilidad.
El reproche de la Corte es para la política que no logró sancionar la ley en estos 120 días ni tampoco elegir a sus representantes por la tercera minoría para adecuarse a la representación de la ley vigente hasta 2006.
Como prueba de que falta voluntad, en la Corte recuerdan, no sin cierto remordimiento, que cuando el mismo tribunal pretendió beneficiar a represores con el dos por uno, ambas cámaras del Congreso sancionaron una ley al respecto en 48 horas.
El lunes, el Consejo reanudará el cuarto intermedio del plenario de miembros con los intercambios habituales, sin que esté en el temario el “vencimiento” del próximo viernes pero como es un organismo eminentemente político, es probable que se meta la discusión y se expongan las posturas.
