«Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU», informó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la plataforma X (exTwitter).
El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por «la comisión de varios delitos» y enumeró el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el Código Penal.
Además, añadió el «delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno».
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, según surge de la información pública de los sorteos de causas que a la que puede accederse a través del Centro de Información Judicial (CIJ). El fiscal para este caso sería Carlos Stornelli.
La denuncia es «contra el Presidente de la Nación, señor Javiel Milei y demás funcionarios que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, del delito de usurpación de autoridad», según fue escrito en la denuncia a la que accedió Télam.
También acusaron a los posibles involucrados «del delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno».
«Nos encontramos con el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades por fuera de la Constitución que implican trastocar radicalmente y estructuralmente la economía del país, su sistema productivo, su organización social y estatal, la prestación de los servicios públicos, la organización de la sociedad civil, el comercio interno e internacional, las relaciones laborales, las relaciones de consumo, sin permitir que estos cambios sean debatidos por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional de forma previa a la entrada de su vigencia», advirtieron los denunciantes.
«La envergadura y los alcances del DNU implicarán, desde su entrada en vigencia, la modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios, Republicanos, Representativos, Democráticos y su carácter Federal», continuaron.
«Desde la recuperación de la democracia en el país, hace 40 años que no ha visto una concentración de poder tan mayúsculo por los que ´la vida, el honor o las fortunas de los argentinos van a quedar a merced´ de una persona, el presidente del país y su gobierno», sostuvieron.
