La decisión, alcanzada con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, despeja el camino para analizar la información contenida en uno de los teléfonos celulares que había sido entregado a la justicia por el propio legislador en la misma oportunidad en la que se opuso a que sea analizado.
A través de un fallo de dos páginas al que accedió Télam, la sala segunda del máximo tribunal penal del país declaró inadmisible el recurso del abogado defensor del Diputado Nacional contra la orden de secuestro de su teléfono celular.
Los magistrados advirtieron que el planteo se limitaba a expresar las discrepancias de la defensa con el decisorio cuya impugnación postulaba, lo que -conforme criterio del tribunal- no resulta suficiente para habilitar la intervención de la Cámara de Casación.
El 17 de agosto pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña -con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Mariano Llorens- había ordenado el secuestro del teléfono de Milman, algo a lo que se había negado la jueza María Eugenia Capuchetti.
La pista Milman
La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.
La orden se dispuso tras la declaración de una de sus asesora de Miman que contó ante la justicia que había sido convocada por el entorno del legislador eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación.
Después de la intervención de la Cámara Federal porteña, la Cámara de Diputados autorizó el secuestro del «celular o los celulares» del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el acceso a la información y comunicaciones que contengan.
Cuando ordenaron el secuestro del celular, los jueces de la Cámara Federal porteña establecieron la búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá «enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.
Para ello, -explicitaron- «se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo -imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas».
Los jueces Bruglia y Bertuzzi, quienes autorizado la medida, demarcaron que «la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-«.
La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja, entre otras cosas por el tiempo transcurrido desde el hecho ocurrido el 1 de septiembre pasado, reconocieron los abogados de la querella cuando se hizo la audiencia para reclamar que de todas formas se realizara.
El teléfono comprado después del atentado
Días atrás, los abogados de la querella Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira denunciaron que Milman entregó a la justicia un teléfono celular que había comprado después del intento de magnicidio y que tendría, al menos, otros tres dispositivos móviles, informaron fuentes judiciales.
“Ahora sabemos que Milman entregó un celular (que adquirió) posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia”, aseguraron en un escrito dirigido a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rivolo.
“Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aun así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado”, señalaron los abogados.
La conclusión a la que arribaron los abogados de la querella, y que ya había sido advertida por la fiscalía, surge de que Milman entregó un teléfono Iphone 14 pro, de Apple, cuya aparición en el mercado fue posterior al intento de asesinato de la dos veces exmandataria Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del 2022.
“Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz (exsecretaria de Milman) respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a (la asesora, Carolina) Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos”, aseveraron.
“Es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado”, concluyeron los abogados de la Vicepresidenta.
La querella también insistió con un dato revelado por Télam la semana pasada: que Milman entregó uno solo de los dispositivos móviles con los que se manejaba y que poseía mas de una línea, información que había reconocido la propia defensa del imputado en una presentación posterior a la entrega de su teléfono celular.
