El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a exagentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que estaban siendo investigados por presunto espionaje ilegal en el penal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos exfuncionarios kirchneristas, durante el gobierno de Cambiemos.
El magistrado lo hizo a través de una resolución de 246 páginas en la que no negó que hubieran existido maniobras de espionaje ilegal pero desvinculó de las mismas a los exagentes y la excúpula del SPF y las atribuyó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, a su entender, actuó con “beneplácito” del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el primero que estuvo a cargo del caso.
Los beneficiados por el fallo de Martínez de Giorgi fueron el ex titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco; el extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal, Cristina Suriano, y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.
De acuerdo con la resolución judicial, debe investigarse también si hubo testigos -que en un principio actuaron con identidad reservada- que fueron preparados o guionados para endilgar la responsabilidad por el espionaje ilegal a miembro del SPF cuando en realidad habría sido realizado por la AFI que entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Para el magistrado, con la excusa judicial de controlar al denominado «rey de la efedrina», Mario Segovia, dentro del penal de Ezeiza, donde supuestamente seguía cometiendo delitos, se habría montado un dispositivo de inteligencia que permitió espiar también a empresarios y dirigentes políticos presos.
En la resolución de Martínez de Giorgi, se señala que su colega Villena fue el que ordenó la vigilancia sobre Segovia y el que autorizó la intervención del teléfono del pabellón en el que estaba detenido: fue el juez quien puso la transcripción de las escuchas en manos de la AFI, que debía limitarse a las conversaciones de Segovia y terminó escuchando a los políticos presos.
El legajo del espionaje carcelario es uno de los derivados de una causa más grande en la que se investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos iniciada a partir de la declaración de Sergio “Verdura” Rodríguez, detenido por una causa de narcotráfico, en la que dijo que también había trabajado para agentes de inteligencia.
En un reportaje televisivo, ratificado días atrás ante la justicia durante una indagatoria, “Verdura” dijo que también había sido guionado pero, en relación a sus expresiones, el juez Martínez sostuvo que aún deben realizarse medidas de prueba para comprobarlas.
“El tribunal considera que resulta evidente y claro, a partir de las nociones vertidas en los títulos precedentes, que el Dr. Federico Villena ha estado involucrado activamente en la acción bajo investigación, respaldando con apariencia de legalidad actividades de vigilancia que se realizaron de manera ilegal o proporcionando los recursos para llevar a cabo acciones de inteligencia de manera ilícita”, sostuvo Martínez de Giorgi en su resolución.
“A partir de lo expuesto, se reestructura el panorama de los hechos y procedimientos en el caso, ya que se hace palpable que, desde el comienzo y hasta una etapa avanzada de la investigación, el Dr. Villena actuó, aunque no oficialmente, como juez y parte del proceso. En ese doble papel, tuvo el control absoluto de la investigación”, enfatizó.
“Por ello, resulta necesario determinar si desde el principio estuvo consciente de todos los detalles de la maniobra que finalmente quedó bajo su escrutinio, o si esta situación se hizo aparente a medida que el proceso avanzaba. Lo dicho se encuentra estrechamente relacionado con lo que finalmente se decidirá (como se deduce de los párrafos previos) y se convirtió en el criterio distintivo al abordar los argumentos de invalidez presentados por las partes”, continuó el magistrado.
“Luego de revisar todo lo expuesto en los puntos anteriores, el tribunal concluye que existen abundantes elementos que respaldan la versión de las defensas acerca de que el testimonio de Claudio Gabriel Segura (empleado del SPF) estaba preparado previamente y que, en gran parte de su extensión, no se basaba en su conocimiento adquirido a través de sus sentidos”, escribió Martínez de Giorgi.
“Ello, con el objeto de direccionar la investigación, asignar responsabilidad en agentes del Servicio Penitenciario Federal y encubrir la efectiva participación del juez Federico Villena en la cobertura judicial brindada, con respecto a tareas de inteligencia desplegadas por la AFI”, sostuvo el juez.
