El Gobierno Nacional puso este miércoles en funcionamiento a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), el organismo interministerial que será el encargado de impulsar las políticas públicas de regulación del uso de cannabis medicinal e industrial en todo el país, un sector con un potencial de más de US$ 500 millones anuales en ventas y de generación de 10.000 empleos.
La Agencia Nacional de Cannabis regulará la cadena de producción, comercialización nacional y explotación de la planta de cannabis, su semilla y sus productos derivados para uso medicinal, al extender licencias y habilitaciones a empresas y organizaciones que cumplan con los requisitos que demanda la normativa vigente.
Será un organismo descentralizado, bajo la órbita del Ministerio de Economía, que articulará las acciones con todas las provincias y con el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.
La presentación estuvo a cargo de los ministros de Economía, Sergio Massa; de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el titular de la agencia de Cannabis, Francisco Echarren.
“Poner en marcha a la Agencia significa iniciar una nueva industria en la Argentina. Una industria que tiene 25.000 aplicaciones distintas. Una industria que nos va a permitir agregar valor en la cosmética, en lo textil, en el petróleo, en una innumerable cantidad de sectores económicos en la Argentina y del mundo”, destacó Massa durante el anuncio.
Además, el titular de Economía hizo hincapié en que la Agencia “le abre la oportunidad a la Argentina de empezar a recorrer un nuevo camino en términos de industria exportadora a partir de una enorme demanda global”.
“Ya tenemos en demandas desde proyectos y programas de industrialización hasta programas vinculados a lo agroindustrial en la secretaría de Agricultura. Todo eso hay que transformarlo en una industria que genere trabajo, exportaciones a la Argentina y que genere valor”, agregó.
Actualmente existen 45 proyectos de desarrollo de cannabis en la Argentina que generarán 5.000 puestos de trabajo en el primer año de implementación y dinamizarán a las economías regionales, según estimaciones oficiales.
En este sentido, la industria del cannabis podría crear unos 10.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años en la Argentina, US$ 500 millones en ventas al mercado interno y US$ 50 millones de exportación, de acuerdo a proyecciones del año pasado del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo.
Por su parte, Filmus, señaló que la Agencia “es una iniciativa que representa la lucha de muchas familias y que se da, también, gracias al trabajo de más de 400 investigadoras e investigadores del CONICET y de las universidades que investigan este tema».
«La red generó, en momentos difíciles en los que no estaba bien vista la temática, investigaciones muy importantes. Hoy hay más de 40 centros de investigación que se dedican específicamente al estudio del cannabis desde la biotecnología hasta diferentes áreas de la salud”, afirmó Filmus.
En tanto, Vizzotti, hizo hincapié en que la puesta en funcionamiento de la Agencia «va a favorecer el acceso, la equidad y la calidad de toda el área terapéutica en relación a la salud”, como la creación de la categoría de productos vegetales a base de cannabis para su uso y aplicación medicinal; el trabajo para favorecer el acceso al cannabis medicinal a través del programa REMEDIAR; la producción pública de cannabis medicinal; y los avances para la incorporación del cannabis al Código Alimentario Argentino.
La Agencia -que fue puesta en funcionamiento con la designación de autoridades a través del Decreto 30/2023- contendrá toda la cadena productiva del cáñamo y cannabis para uso medicinal e industrial, importación, exportación, cultivo, producción, industrial, fabricación y comercialización, y promoverá la investigación científica y la generación de conocimientos articulado con Universidades Nacionales, Organismos de ciencia y técnica, y ONGs.
