El gobernador Gerardo Zamora anunció una medida clave para aliviar el impacto de los aumentos de servicios en los hogares santiagueños: una bonificación especial del 40% en la tarifa de electricidad durante tres meses consecutivos.
“Decidimos disponer una bonificación como Fondo Compensador Estival Provincial, impactando en tres facturas mensuales consecutivas de usuarios residenciales, con un descuento del 40% en la Tarifa de Luz a los hogares santiagueños”, informó el mandatario. Señaló que esta iniciativa responde a “la necesidad de miles de familias que debían acudir a préstamos incluso para pagar las enormes facturas de la luz”, y destacó el esfuerzo provincial para sostener el consumo básico en un contexto de fuerte crisis económica.
Zamora enmarcó esta decisión en un análisis crítico del actual modelo económico nacional, que —según advirtió— está generando un ajuste sobre los sectores más vulnerables: “Está claro que la inmensa mayoría de la población lamentablemente no tiene nada de qué alegrarse hoy. Solo los sectores de la especulación financiera parecen estar contentos en nuestro país, mientras cada día se está haciendo más difícil para el resto”, afirmó.
El gobernador describió que muchos trabajadores recurren a tarjetas de crédito para financiar la compra de alimentos básicos, pagando luego intereses que erosionan sus ingresos y terminan dejando los sueldos evaporados. En ese sentido, defendió el reciente anuncio del bono de $500.000 pesos para empleados públicos provinciales y municipales como “un poco de oxígeno que llega al bolsillo y circula en la economía“.
Además, Zamora denunció una creciente agresión al federalismo, acusando a la Nación de quedarse con una porción cada vez mayor de los recursos coparticipables, de abandonar obras de mantenimiento, y de generar una profunda desigualdad en el costo de los servicios básicos: “La luz, el gas, el agua, el transporte, por ejemplo, son más baratos para los habitantes de CABA y más caros para los argentinos del interior”, criticó.
También añadió que estas políticas están poniendo en jaque las finanzas provinciales y municipales, y afectan directamente a la producción, la industria y el tejido social del interior del país.
