Los bloqueos de rutas en Bolivia fueron calificados por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, como el inicio de un posible golpe de Estado. «Es un ataque, es el inicio del golpe de Estado contra nuestro gobierno», denunció Montaño, y señaló que los transportistas impiden el traslado de combustibles al país desde el puerto de Arica, en Chile.
El ministro también sugirió que detrás de este nuevo conflicto están los mismos actores que participaron en el golpe de Estado de 2019 contra el gobierno de Evo Morales, y agregó que ahora se está pidiendo el adelantamiento de elecciones y la renuncia de autoridades.
A su vez, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Gustavo Torrico, respaldó esta postura al afirmar en rueda de prensa desde La Paz que los bloqueos tienen «más tintes políticos electorales que sindicales».
El presidente Luis Arce, por su parte, denunció el miércoles en una conferencia de prensa que las recientes órdenes de acortar su mandato esconden una clara intención de desestabilizar su gobierno. El mandatario subrayó que el tema del diésel, usado como justificación para los bloqueos, ya tiene una solución en marcha, y reveló que las verdaderas motivaciones políticas detrás de estas acciones son “desestabilizar el Gobierno con un asunto al que ya estamos dando solución. Plantean un ultimátum, diciendo que si no pasa esto van a pedir el acortamiento de mandato. Eso, ¿qué quiere decir? Es una posición política que hemos visto también, paradójicamente, días antes del golpe de Estado fallido”.
