Con la firma de Sandra Pettovello se oficializó lo que Javier Milei había adelantado que se iba a implementar: un mecanismo de «asistencia» para la clase media destinado a pagar las cuotas escolares de los colegios privados, ante el aumento significativo de las mismas, tras la desregulación que él mismo propicio. La medida, a la que denominó «vouchers educativos«, no es otra cosa que una «beca» para financiar a las familias que ya envían a sus hijos a instituciones educativas privadas.
A través de la Resolución 61/2024, el Ejecutivo oficializó el nuevo programa que se propone «subvencionar la demanda y no la oferta» para «evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales». Un dato que resulta llamativo cuando fue el propio Gobierno el que decidió desregular el valor de las instituciones privadas.
Pese a ello, el documento, que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, el oficialismo responsabiliza de la situación actual a la gestión anterior y expresa que el programa se implementa como resultado de la «situación económica heredada», la cual «hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones».
En esencia, los vouchers educativos representan un subsidio directo temporario otorgado a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, con al menos 75 por ciento de aporte estatal, siempre que el ingreso familiar no supere el equivalente a SIETE (7) salarios mínimos vitales y móviles.
Este «vale o beca» proporcionado por el Estado cubrirá el 50 por ciento del valor de la cuota programática de jornada simple de cada nivel educativo informada por cada Jurisdicción o, en su defecto, estimada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en función de casos testigo, explicita el documento.
Si bien la iniciativa fue anunciada con bombos y platillos en pos de la «igualdad educativa», lo cierto es que en la práctica podría enfrentarse a diversos obstáculos. En primer lugar, la viabilidad y eficacia de los «subsidios» educativos en términos de aliviar la carga financiera de la clase media es cuestionable. Asimismo, aún no se explicitaron cómo deberán hacer o qué trámite tendrán que realizar las familias para recibir esta «prestación temporaria».
De acuerdo al más reciente relevamiento, que data de 2022, existen 2.409.006 alumnos que asisten a instituciones educativas de niveles inicial, primario y secundario de gestión privada que reciben aporte estatal.
Lo privado sí, lo público no
Esta semana se cumplieron los primeros 100 días del Gobierno de Javier Milei y en un repaso rápido por las decisiones de vinculadas con la educación, se expone la clara intención de desfinanciar a la educación pública, en todos sus niveles: renunciar a la paritaria nacional docente; clausurar el Fonid; no aportar recursos al SAE; diluir el Fondo Educativo; ofrecer el 7 por ciento de aumento a los docentes universitarios con una inflación acumulada (oficial) de 45 por ciento; repetir el presupuesto nacional de las universidades de 2023 después de una superdevaluación que aumentó 118 por ciento el tipo de cambio; y cerrar cinco universidades por decreto.
Como señaló el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la mayor desinversión educativa de la historia argentina. Y aplica la palabra desinversión porque, en materia educativa, para el sostenimiento del sistema nacional (definido por la Ley Nación de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, que establece una inversión del 6,3 por ciento del PBI al año) los presupuestos deberían incrementarse por la lógica intrínseca del propio sistema: crecimiento vegetativo, aumento de la escolaridad, mantenimiento de la infraestructura escolar y nuevas tecnologías de aprendizaje.
Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo nacional parece guiarse por otra lógica. Y para muestra basta un botón: recientemente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó este supuesto en palabras del propio secretario de Educación, el profesor Carlos Torrendell, quien confesó que no venía a crear universidades sino a cerrar algunas de las que existen.
