El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al Maliki, denunció ante el máximo tribunal de la ONU en La Haya que su pueblo sufre «colonialismo y apartheid» bajo la ocupación israelí, y pidió a la Corte que declare a la misma ilegal y ordene ponerle fin «de forma inmediata, total e incondicional».
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya celebra esta semana y a partir de este lunes audiencias para analizar las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, con la participación de una cantidad sin precedentes de 52 países, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China.
«Los palestinos sufren colonialismo y apartheid (…) Hay quienes se enfurecen por estas palabras. Deberían enfurecerse por la realidad que estamos sufriendo», argumentó el ministro en el Palacio de la Paz de la Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), informó la agencia de noticias AFP.
«Al pueblo palestino se le ha denegado la justicia durante demasiado tiempo», afirmó.
«Es hora de poner fin al doble rasero» que el pueblo palestino ha sufrido «durante demasiado tiempo», agregó.
La sesión durará una semana y tendrá lugar en el Palacio de la Paz, sede del tribunal de la ONU.
«Los palestinos sufren colonialismo y apartheid. Hay quienes se enfurecen por estas palabras. Deberían enfurecerse por la realidad que estamos sufriendo»
En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ una «opinión consultiva» no vinculante sobre las «consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén este».
El pronunciamiento de la CIJ no será vinculante, pero cualquier decisión del tribunal es analizada con mucha atención en medio de la creciente presión jurídica internacional sobre Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras un excepcional ataque del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre, en el que 1.200 personas fueron asesinadas y 240 fueron secuestradas, entre las cuales se encontraba una veintena de argentinos.
Israel respondió con una potente ofensiva en Gaza con el objetivo de «aniquilar» a Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007.
Desde octubre hasta ahora, el Ejército de Israel mató a más de 29.000 personas, en su gran mayoría civiles, mujeres y niños, informó le Ministerio de Salud de Gaza.
La denuncia de genocidio
Las audiencias que comenzaron este lunes son independientes del caso presentado por Sudáfrica, que alega que Israel está cometiendo actos de genocidio durante su actual ofensiva en la Franja.
En este caso, el CIJ dictaminó el 26 de enero que Israel debe hacer todo lo que esté a su alcance para impedir el genocidio y permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, pero no hizo un llamado a un cese del fuego.
En cambio, el viernes el tribunal rechazó la propuesta de Sudáfrica de imponer nuevas medidas a Israel.
El viernes, la Corte rechazó un segundo pedido de Sudáfrica, que le solicitó examinar urgentemente el plan israelí de lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah, donde se encuentran refugiados más de la mitad de los 2,4 millones de habitantes de Gaza, y, en su caso, se opusiera a «una nueva violación de derechos».
La Asamblea General pidió a la CIJ que examine las «consecuencias jurídicas» de lo que la resolución describe como «la violación persistente de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación».
También debe examinar las medidas «que buscan modificar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la ciudad santa de Jerusalén».
En junio de 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel le arrebató a Jordania, Cisjordania y Jerusalén Este, los Altos del Golán a Siria, y la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto.
Israel comenzó entonces a ocupar los 70.000 kilómetros cuadrados de territorios árabes arrebatados, ocupación declarada ilegal posteriormente por las Naciones Unidas.
La CIJ examinará asimismo las consecuencias de lo que la resolución de la ONU describe como «la adopción por Israel de leyes y medidas discriminatorias».
Se pronunciará también sobre cómo las acciones de Israel «afectan al estatuto jurídico de la ocupación» y sobre las consecuencias para otros países.
El Tribunal se pronunciará sobre este caso «con carácter de urgencia», probablemente a finales de año.
