La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso el artículo que obliga a pedir permiso para reuniones de más de tres personas, cuestionado por sectores de la oposición.
«Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro», dijo Bullrich al exponer en el marco de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde dijo que había concurrido para «explicar tres temas que se han planteado respecto de seguridad en esta ley».
Sostuvo que estos temas serán al margen de otros proyectos como modificaciones al Código Penal, la puesta en marcha del Código Procesal Penal, Código de Minoridad y otros temas, que, dijo, «iremos enviando».
«Para facilitar la discusión, y como en realidad tres o más, cinco, uno, diez o veinte que corten una autopista o un puente o que impidan la circulación de tránsito da lo mismo, y generó esta confusión; vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese articulo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro», sostuvo la funcionaria.
Sobre el artículo
El artículo en cuestión señala que se define como «‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente».
Además, se define como «organizador» de la protesta a quien «convoque a otras personas a participar de la reunión», «coordine a personas para llevar a cabo la reunión», «provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión», «pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes».
La participación de Bullrich en Diputados
Tras sostener que «el peligro es que cualquier dilación, cualquier error que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio pueden generar una situación de incertidumbre», Bullrich dijo que «la situación del dólar y el riesgo país obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación».
Además insistió: «Vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas», y añadió que «cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles».
Más tarde, la ministra remarcó «el derecho a la protesta está vigente» pero «sin cortar la calle».
«El derecho a la protesta está intacto. Ahora, no corte un puente interjurisdiccional donde pasan 10 millones de autos como el Tancredo Neves. El puente Neuquén-Cipoletti no se corta. ¿Quiere protestar al lado del puente? proteste. La entrada al aeropuerto de Ezeiza no se corta, va por el costado. Va con el megáfono. Diga lo que quiera, pero no corte la calle», contestó Bullrich a la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, quien repudió el protocolo antipiquete establecido por el Gobierno.
En ese sentido, ironizó con la protesta que realizarán distintos movimientos sindicales y sociales al Congreso el próximo 24 de enero al afirmar que la CGT «ni siquiera usa los cuatro días que pide el Ministerio de Seguridad (para anunciar una movilización), lo hace con un mes de anticipación».
«Deja la primera quincena de enero para seguir de vacaciones y en la segunda arma el paro. ¿Eso es un paro? ¿Esa es la desesperación? Dejarlo para el 24, parece chiste», agregó.
En cuanto a cambios en seguridad interior, Bullrich sugirió que «pensaría dos veces si no hay que poner en marcha el mecanismo actual que permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) brindar logística» dentro de distintas provincias, como en el caso de Santa Fe.
«Le voy a plantear al gobernador el uso de la logística de las FFAA. Primero se lo tiene que plantear el ministro de Defensa (Luis Petri). Necesitamos enfrascar a Rosario y que no salga lo que sucede allí, y mejorando Rosario vamos a mejorar todo el país», añadió.
Bullrich también se refirió a que habrá cambios en el régimen penal juvenil que -dijo- ya fueron «enviados» a «algunas provincias» pero que aún falta «a nivel nacional».
«Vamos a bajar la edad de imputabilidad», aseguró. Y ratificó que «si hay un chico menor de 13 años en una manifestación se avisará y se va a pedir que la autoridad de la provincia lo venga a ubicar».
«No queremos que haya niños en las manifestaciones», añadió.
La ministra anunció que se plantea aumento de penas a las que establecen hoy el Código Penal, que es de 3 meses a 2 años, y «la llevamos de 1 año a 3 años y medio y que se extiende de 2 a 4 años para quienes lo hacen con armas propias o impropias, como palos o armas simuladas o morteros».
En cuanto a los organizadores de las protestas, Bullrich dijo que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes ejerzan «capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes como la pérdida de un beneficio social» y sostuvo que «de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que decida sobre la vida de la gente».
Asimismo, la ministra ratificó que esas personas «serán responsables de los gastos que ocasionen» y recordó que esa cartera no lo aplicó con la CGT, que marchó días atrás contra las reformas del Gobierno, porque dijo que esa central «pidió permiso, pero sí lo hicimos con una rama que se escapó y arruinó una cantidad de comercios en la ciudad».
