El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó este miércoles que por «la crueldad del ajuste» que aplica el Gobierno nacional, su administración se ve «obligada» a impulsar la creación de un bono con el propósito de «cubrir una parte del salario» de los trabajadores de la administración pública provincial, al referirse al envío de un proyecto a la Legislatura local para poner en circulación una cuasimoneda.
«Ya mandé a la Legislatura el proyecto que apunta a la emisión de un bono de cancelación de deuda con el objetivo de cubrir una parte del salario de los trabajadores de la administración pública. El Gobierno nacional obliga a esto por la crueldad del ajuste que precipitó en 20 días. Esto generó que cuando la gente fue a cobrar el salario, ya no llegó a fin de mes», señaló Quintela en declaraciones a radio 10.
El mandatario provincial consideró que el Ejecutivo nacional pareciera tener «un plan para desestabilizar a los gobiernos» provinciales y argumentó que esto se produce en un contexto en el cual existe «un programa económico que generó una inflación que no está reconocida».
Quintela expresó su deseo de que «hoy se sancione» el proyecto de emisión enviado este martes al legislativo local y aclaró que «la Provincia nunca le pidió a la Nación el respaldo de ningún bono», al responder a las declaraciones formuladas por el presidente Javier Milei en la red social X.
El Presidente se refirió la noche de este martes al plan del gobernador riojano y escribió: «Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia» pero advirtió que «a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional».
«Se confundió, nosotros no hemos pedido rescate para eso», remarcó este miércoles Quintela y explicó que la iniciativa que presentó ante la Legislatura de La Rioja prevé una emisión de Bonos de Cancelación por un valor de 15 mil millones de pesos, que se destinará a pagar el 30 por ciento de los salarios de la administración pública.
Además, el Gobierno riojano reiteró que demandará a la administración central ante la Corte Suprema por una deuda de 9.300 millones de pesos que mantiene la Nación desde hace varios años con esa jurisdicción.
