Con la presencia de 137 diputados en el recinto, el oficialismo consiguió ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Anoche, en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con los jefes de bloques, el oficialismo se garantizó el quórum de 129 diputados necesarios para poder iniciar la sesión especial en la Cámara de Diputados y la votación favorable en general del proyecto de ley «Bases».
De todos modos, persistían diferencias sobre la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar una cuarenta empresas públicas.
Según se acordó en esa reunión, la sesión demandará al menos 30 horas de debate por la cantidad de oradores y temas a tratar, y tendrá un cuarto intermedio para retomar este jueves el tratamiento del proyecto aunque hasta hora no se sabe si se hará antes o después de la aprobación en general de la iniciativa.
Los oradores de los dictámenes tendrán 20 minutos cada uno y serán, por el de mayoría, el diputado de LLA, Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, en tanto que por los de minoría lo harán Carlos Heller (UXP), Juan Manuel López (CC), Mónica Fein (Partido Socialista) y Christian Castillo (Frente de Izquierda).
Apenas arrancó la sesión, que es la primera que conducirá Menem, la Cámara Baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (UxP-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.
Además, y debido a que había quedado pendiente tras la elección de autoridades de la cámara el pasado 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la continuidad de Ana Laura Lozano como Prosecretaria parlamentaria, a propuesta del bloque de UXP.
Luego, Menem propuso realizar un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.
Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tiene su hora y media de cuestiones de privilegio y declaraciones políticas, previo al debate del dictamen de mayoría.
Los cambios al dictamen de mayoría que se redujeron de 524 a 385 artículos se leerán al comenzar el debate que será abierto con el discurso que pronunciará el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni.
El oficialismo se garantizó el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, ya que tanto la bancada radical, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación ya habían anunciado en las últimas horas que colaborarán para conformar el quórum y anticiparon que votarán en general el dictamen de la mayoría.
De esta manera, LLA que tiene 38 diputados y 7 aliados firmes, necesitaba el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley y eso no lo tenía garantizado en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.
Hasta ahora, tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.
Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.
Por ese motivo, Menem, mantuvo hasta anoche conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.
En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.
Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.
