Con 11 muertos, casi 140 agentes y empleados retenidos por presos amotinados en seis cárceles y la noticia de las detenciones de integrantes de bandas criminales, Noboa volvió a exhibir su decisión de enfrentar a estos grupos: «se acabaron los gobiernos tibios», advirtió, y reiteró que «todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar”.
Buena parte del interés seguía centrado en los penales: el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ubicó en 139 el número de policías y empleados administrativos (125 y 14, respectivamente) retenidos en las cárceles de Turi (Azuay), Cañar, Napo, Ambato (Tungurahua) y Latacunga (Cotopaxi).
A media tarde, llegó el primer informe de las Fuerzas Armadas con el dato del arresto de 329 “terroristas”, según los llamó el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, que detalló que se trata de integrantes de las bandas Los Tiguerones, Lobos y Los Choneros, tres de las más potentes del país.
Vela dijo además que otros cinco terroristas fueron muertos en enfrentamientos y que fueron recapturados 28 reos fugados de distintas cárceles.
El jefe militar reiteró que el Ejército no negociará con los presos que mantienen retenidos a guías penitenciarios, y aclaró que ninguno de los rehenes fue asesinado, como mostraron videos que circularon en las redes, aunque sin verificación.
Noboa pudo exhibir, además, el absoluto abroquelamiento de gobiernos latinoamericanos, de bloques regionales, de Estados Unidos, China y la Unión Europea a sus decisiones.
El apoyo se manifestó no únicamente en un encuentro que el mandatario y su canciller, Gabriela Sommerfeld, tuvieron con el cuerpo diplomático acreditado en Quito, sino en decenas de pronunciamientos, entre otros del Mercosur.
También los respaldaron unos 30 exmandatarios -cinco de ellos ecuatorianos- agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que expresaron su preocupación por el «despiadado ataque narcoterrorista» que enfrenta el Gobierno, que tendrá que «precautelar la vida de los ciudadanos».
En paralelo, centenares de militares fueron desplegados en las desoladas calles alrededor del Palacio Carondelet, sede presidencial en el centro de Quito, mientras en el norte el parque de La Carolina, el más grande de la ciudad de casi tres millones de habitantes, estuvo casi vacío, sin sus habituales deportistas.
Pocos autos y colectivos circularon en las avenidas de la capital y la ciudad portuaria de Guayaquil, principal foco de la crisis de violencia desatada por bandas de narcotraficantes en pie de guerra contra el Estado, donde los comercios de barrio y las escuelas permanecían cerrados.
Ecuador se encuentra en estado de excepción ante la existencia de un conflicto armado interno, y un decreto ejecutivo de Noboa dispuso ahora identificar a los grupos delictivos como «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes» con una amplia movilización de tropas de las Fuerzas Armadas, de la Policía y otras fuerzas de seguridad.
En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, se implementaron nuevas medidas, como la prohibición de ingreso a la terminal a cualquier persona que no lleve «sus documentos de viaje, es decir, pasaporte o cédula de ciudadanía y boleto aéreo o pase de abordar», informó la agencia de noticias Sputnik.
Para el mandatario -que asumió el 23 de noviembre- la ola de violencia “no es un accidente», sino que se dio cuando «se estaba empezando a aplicar el plan de seguridad».
Noboa fue terminante al asegurar que se considerará “también a los jueces y fiscales que apoyen a estos grupos terroristas, como parte de esos grupos», una advertencia que también tuvo como destinatarios a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas «que traben cualquier operativo».
Ante una pregunta sobre si Ecuador se encuentra en guerra, respondió: «prácticamente sí; estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz contra grupos terroristas».
La ofensiva de las organizaciones criminales, vinculadas a cárteles de México y Colombia, incluyó una inusual irrupción registrada en vivo y en directo a un canal de televisión pública durante el noticiero del mediodía, en la que amenazaron con explosivos y armas largas a los trabajadores.
Finalmente no hubo víctimas y la Policía logró aprehender a 13 delincuentes, a 11 de los cuales, informó la Fiscalía, se los juzgará por terrorismo.
La Policía también detalló que controló ocho artefactos explosivos, decomisó 15 bombas molotov, nueve armas de fuego y 308 cartuchos. También encontró seis motocicletas y seis vehículos, según el reporte oficial, publicado por el diario Primicias.
La fuerza dio cuenta de dos explosiones en puentes peatonales en la zona norte de Quito, sin víctimas fatales.
El sitio de El Universo, de Guayaquil, subió a 11 la cifra de muertos en las últimas horas y detalló que en la ciudad solo abrió alrededor del 30% de los comercios.
Por su ubicación estratégica, Guayaquil se ha convertido en los últimos años en epicentro del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Las recompensas ofrecidas por el Gobierno -y financiadas por Estados Unidos- se extendieron ya a información o datos de 19 jefes de bandas.
El terror se impuso tras la fuga, detectada el domingo, de Adolfo Macías, alias «Fito», jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros, que estaba recluido en una cárcel guayaquileña.
El lunes escapó de prisión otro jefe criminal, Fabricio Colón Pico, uno de los capos de la banda Los Lobos, acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general.
La amenaza de traslados y los intentos de requisas en los penales dieron paso a nuevos motines e incendios en los centros penitenciarios.
Francia, México, Uruguay y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador, y Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador.
Ecuador cerró 2023 con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes.
Noboa, de 36 años, llegó al poder en noviembre como el presidente más joven en la historia de la nación con la promesa de enfrentar con mano dura al narco. Fue elegido por 18 meses para completar el mandato de cuatro años de su predecesor Guillermo Lasso.
Su decreto de «conflicto armado interno» otorgó estatus beligerante a las bandas y le permite al Gobierno tomar medidas para enfrentarlas.
