Así, las comisiones de Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trabajarán el martes de 14 a 20 y el miércoles de 9 a 20, en un cronograma de trabajo acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert.
Las dos reuniones serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes, y contarán con los testimonios de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom.
Al efecto de organizar las preguntas que se les harán a los funcionarios, se le pidió a los diputados que hasta el lunes a la noche trasladen sus inquietudes, vía mail, para poder ordenarlas de acuerdo a las diferentes temáticas.
La metodología de trabajo, que incorpora como novedad el horario previsto para finalizar las reuniones, recibió algunos cuestionamientos de diputados de bloques opositores, como Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF), que argumentó que «los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas».
«No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas», completó.
Como contrapartida, Espert explicó que «es una ley muy profunda, que contiene muchos artículos y muchos temas, por lo que se va a dar mucho debate»,
«No hay dudas que va a haber discusión y va a haber cambios de artículos, y en el seno de LLA. en Diputados, hay disposición a que se cambien artículos para que aliados conceptuales de esto, que pueden ser el PRO, parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal (HCF), puedan acompañar, va a haber que escucharlos, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata el Congreso», agregó el legislador en declaraciones periodísticas.
En Unión por la Patria (UxP), en cambio, más allá de advertir sobre todas las cuestiones de forma de los últimos días, como el sistema de elección de autoridades de las comisiones y la idea de que los ministros hablen por Zoom, siguen poniendo el foco en el fondo: rechazar el total de los 664 artículos incluidos en el megaproyecto.
También están alertas por la prisa con que el Gobierno y el oficialismo parlamentario querrían avanzar con el tema: el límite de las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero y la intención de algún diputado de LLA de emitir dictamen el próximo jueves son los factores que analizan.
Ese interrogante también inquieta a algunos representantes de bloques provinciales, que escucharon de boca de legisladores de LLA, al finalizar la jornada del pasado jueves, sobre la intención de dictaminar el jueves.
De hecho, ese día quedó libre en el cronograma de trabajo de esta semana y aún hay margen reglamentario para programar reuniones de comisión, aunque el presidente del bloque libertario de diputados, Oscar Zago, le puso paños fríos a esa posibilidad mientras se retiraba de la última reunión del jueves.
«Muy difícil», reconoció ante la requisitoria periodística.
Por lo pronto, tanto oficialistas como opositores analizan el extenso texto y lo van desglosando para su discusión en las diferentes materias que aborda: para bloques como el PRO o una parte del bloque radical (unos 20 de sus 34 integrantes), «es votable en un 90 por ciento».
Así, para el resto del radicalismo y para el flamante HCF se debe diferenciar bien entre las leyes que son urgentes, las de mediana importancia y las que no son oportunas en este contexto: hablan de crear una especia de ‘semáforo’ (con rojo, amarillo y verde) para dividirlas en esos tres niveles.
Cómo será el debate
El escenario de debate que se inicia el martes marca que un centenar de los 257 diputados que integran el cuerpo participarán del mismo: 49 de Presupuesto; 35 de Asuntos Constitucionales y 31 de Legislación General, en algún caso con nombres repetidos en dos comisiones.
En lo que coinciden la mayoría de las bancadas, incluso los propios oficialistas, es que el pedido de facultades delegadas al presidente Javier Milei hasta diciembre de 2025, con posibilidad de que lo autoprorrogue hasta 2027, es lo que se llevará la mayor parte, sobre todo en la etapa que se inicia el martes.
Allí parece haber una mayoría que se expresaría por el rechazo, según los sondeos y las declaraciones públicas realizados desde que se presentó el texto, aunque en los último días surgió uno posible solución intermedia propuesta por un par de bloques opositores.
Se trataría de establecer que las facultades sean sólo por un año y que se aceite el trabajo de la comisión bicameral que debe hacer el seguimiento de dicha cesión, para realizar un trabajo ágil y detallado sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
En cuanto a los temas que el plenario de comisiones deberá abordar desde el próximo martes se destacan la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, que motivan el pedido de las mencionadas facultades delegadas.
También se incluye la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó Milei el 20 de diciembre.
Se solicita autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y los medios estatales, y se propone la suspensión de la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.
