Cerca de 4.000 militares brasileños empezaron a trabajar a partir de este lunes en el refuerzo de la seguridad de las fronteras del país, así como de los puertos y aeropuertos de los estados de Río de Janeiro y San Pablo, en el sureste.
«Se usará un efectivo de 3.700 militares para ampliar el combate a delitos en la franja de frontera (…) y en los puertos de Itaguaí (Río de Janeiro) y Santos (San Pablo) y en los aeropuertos internacionales de Tom Jobim y Guarulhos, en Río y San Pablo, respectivamente», informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.
Según el Ministerio de Justicia, en el plan se emplearán 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas: 2.000 del Ejército, 1.100 de la Marina y 600 de la Aeronáutica.
El Gobierno publicó la semana pasada un decreto que permite que desde este 6 de noviembre y hasta el 3 de mayo de 2024 los militares tengan poder de policía para actuar en esas áreas.
El miércoles pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la movilización de las Fuerzas Armadas.
El principal objetivo es fortalecer el trabajo en el combate al tráfico de drogas y de armas, reforzando la seguridad en los puertos y aeropuertos tanto en el estado de Río de Janeiro como en el de San Pablo, según las autoridades.
El mandatario remarcó que el trabajo de los militares para combatir el crimen organizado se hará en articulación con la Policía Federal, que ampliará las acciones de inteligencia y las operaciones de detenciones y confiscación de bienes pertenecientes a las facciones del narcotráfico y a las milicias, sobre todo en Río de Janeiro.
Asimismo, el Ejército y la Aeronáutica fortalecerán las acciones en las fronteras de Brasil, sobre todo en los estados de Paraná (sur) y Maro Grosso y Mato Grosso do Sul (sudoeste).
Por su parte, la Marina reforzará la seguridad de las bahías de Guanabara y Sepetiba (Río), el puerto de Santos (San Pablo), y el lago de Itaipu (Paraná).
Para coordinar las acciones se creará un comité en el que estarán el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, y el ministro de Defensa, José Mucio.
Se espera que en 90 días los ministerios de Defensa y de Justicia y Seguridad Pública presenten un plan para la modernización tecnológica de la Policía Federal, la Policía de Carreteras y las Fuerzas Armadas, para mejorar el trabajo en aeropuertos y fronteras.
El despliegue militar se decidió poco después de que milicianos pertenecientes a una mafia local carioca incendiaran más de 30 micros como represalia por una actuación policial que terminó con la muerte de uno de sus líderes y de otros episodios puntuales de violencia en la ciudad que tuvieron una fuerte repercusión mediática.
