Con su mayoría de 16 miembros (sobre 31 integrantes de la comisión), el Frente de Todos aprobó el informe y decidió dar traslado a los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.
Los magistrados tendrán la posibilidad de hacer sus descargos por escrito, o de presentarse el martes 7 de noviembre para efectuarlos en persona, en tanto que desde la bancada del Frente de Todos anticiparon que la idea es dictaminar entre el 13 y el 17 de noviembre, fecha límite ante el final del período de sesiones ordinarias, que opera el 30.
El debate en Comisión
Al momento de justificar los cargos, el informe del Frente de Todos dice que «la Corte no cumple su rol constitucional actuando como si fuera un constante contradictor de las decisiones del Congreso o del Poder Ejecutivo, esto es, de las autoridades electas de modo directo por el pueblo».
«Tampoco cuando se constituye en una suerte de tercera cámara legislativa, derogando con efecto general las leyes que no le agradan o dictando las que las reemplacen, como ocurrió en el caso de la ley del Consejo de la Magistratura», asegura.
En torno a la coparticipación, los diputados oficialistas advirtieron que se trató de «una resolución arbitraria e irregular en virtud de que contiene graves vicios jurídicos y en los que se advierte o se puede presumir, además, un claro desvío de poder por parte de los jueces a raíz de la vulneración del principio de independencia e imparcialidad en el que incurren los supremos».
Sostuvieron que esa situación «revelaría la clara intención de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso haciendo una interpretación y aplicación manifiestamente arbitraria del derecho vigente» y advirtieron sobre una «connivencia entre algunos jueces integrantes de la Corte Suprema de justicia con la fuerza política que administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
Sobre el fallo que benefició a militares genocidas, los diputados hicieron referencia a los principios jurídicos defendidos en el voto del juez Rosenkrantz en el caso «Muiña», al sostener que «resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad».
«Se postula que este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones», afirmaron los diputados.
En torno al Consejo de la Magistratura, los legisladores advirtieron que «Rosatti se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas se lo impedían» y consideraron que «dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, Rosatti debió excusarse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa».
Asimismo, afirmaron que los integrantes del máximo tribunal «se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores».
Los cargos votados se suman al que hace un par de meses se había avalado contra Maqueda por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En el caso de Maqueda y la obra social, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.
La decisión de avanzar con los cargos generó un breve debate político entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.
Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, señaló: «Hoy se han sumado muchos elementos para avanzar, y sabemos lo que significó para Elisa Carrió meterse con este tema, porque ha tenido un costo, y para nosotros también, porque es contra el poder real».
«Los voceros del poder real están en otro lado; porque allí tendría que estar la política, pero no está. Suspicacias hay muchas, pero no entremos en esa de unos contra otros para que los que tienen el poder real se metan en esas hendijas», agregó. Y completó: «Tomamos una decisión acertada cuando iniciamos el juicio político».
Desde el PRO, Alvaro González, respondió: «Me parece que después de un año de reunirnos esto va a terminar con que se van a leer los dos dictámenes y serán dos papeles escritos que terminarán en un cajón. Después de un año que nos tocó vivir esto no ayuda a la institucionalidad del país».
«El oficialismo decidió avanzar con el juicio político, y aunque se sabía que esto no llegaba al recinto igual se tomó la decisión; y si el tema era el mal desempeño de la Corte, nosotros creemos que no fue así», manifestó.
Ante esos dichos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FDT), le aclaró: «Como legisladores tenemos la obligación de investigar».
Su compañero de bloque, Hugo Yasky, agregó: «Nosotros tenemos y consideramos que hay pruebas suficientes que validan la decisión que nosotros tomamos, y quizá no vaya al recinto hoy, pero sí tenga correspondencia con hechos del futuro».
Por el PRO, Pablo Tonelli, insistió en que «no hay pruebas que hayan demostrado que haya motivos para enjuiciar a miembros de la Corte» y opinó que «el origen de este embate contra la Corte es la medida dictada en diciembre de 2022 sobre la coparticipación».
Le respondió el oficialista Eduardo Valdés, quien dijo que «a fines del año pasado se conocieron chats de (el exministro de Justicia porteño, Marcelo) D’Alessandro hablando de como supuestamente se manipula al Poder Judicial. En ese clima decidimos iniciar el tema del juicio político».
Antes de votar los cargos, en el inicio de la reunión Gaillard informó que habían citado «a distintos testigos para declarar en la causa ‘Abuso de poder’, pero todos ellos han justificado su inasistencia».
Se trata del secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato; Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano al juez Ricardo Lorenzetti -quien ya estuvo en la comisión-, Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.
Los invitados habían sido citados para continuar con la hipótesis de «abuso de poder» centrada en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica (CC), que tiene un pedido presentado únicamente contra Lorenzetti, expresidente del tribunal.
Sobre este punto, el legislador de la CC Juan Manuel López dijo que «ojalá tengamos la oportunidad de citar testigos; lo vemos difícil por los tiempos, las presiones, pero nosotros siempre vamos a promover esta causal».
Entre las cuestiones a resolver se encuentra el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el juez Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.
De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.
Hasta ahora, y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.
El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen «sobrados elementos como para avanzar» en ese proceso.
