El pedido de la investigación fue realizado por la fiscalía general a raíz de un reclamo del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del derechista Partido Progresista, que apoyó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro y ahora está enfrentado con la ultraderecha por este proyecto de regular a las redes sociales por evitar que toleren mensajes de odio y violencia.
Según el fallo, Moraes determinó que la Policía Federal actúe durante un período inicial de 60 días para que los mensajes publicados por las empresas en contra del proyecto sean preservados y sometidos a examen forense.
La Policía Federal también puede tomarle declaración a los directivos de ambas empresas, que se posicionaron públicamente contra el proyecto de ley apoyado por parte de la oposición y la base parlamentaria del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las llamadas «big techs» y el bolsonarismo se opusieron a la regulación de las redes sociales en Brasil. Pero Google fue más allá el 1 de mayo al poner en su página inicial un link contra el proyecto de ley y toda su plataforma estuvo direccionada a noticias contrarias a la iniciativa.
«La ley sobre Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil», fue la frase que Google mantuvo durante la jornada para intentar sumar a sus usuarios contra el proyecto de ley.
Telegram, por su parte, envió a todos sus usuarios un mensaje afirmando que la ley «termina con la libertad de expresión» en Brasil.
El mensaje de Telegram contenía distorsiones sobre el proyecto, por lo que el juez Moraes amenazó suspenderla del aire si la empresa no lo retiraba. El diputado Lira argumentó en su pedido que las plataformas incentivan a los usuarios a presionar a los diputados y promueven una «campaña de desinformación».
El reclamo lo aceptó la vicefiscal general de la República, Lindora Araújo, que incluye en su pedido investigar delitos sobre derecho del consumidor y abuso de poder económico por posición dominante.
