La justicia intenta determinar si la contratación de la carpintería de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal pudo haber tenido otra finalidad. Para la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus abogados, esa agrupación estuvo vinculada al intento de magnicidio ocurrido en su contra.
La medida económica, que fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, fue dispuesta para determinar si Jonathan Morel, fundador de la organización Revolución Federal proveyó algún servicio a la familia Caputo o si le cedieron facturas.
El fiscal había pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de una mujer, María Isabel Said, que figura como proveedora de mobiliario para la empresa Caputo Hermanos destinado a equipar ese edificio en Vaca Muerta.
La fiscalía y ahora el juez buscan determinar los movimientos económicos de Said en el «periodo comprendido entre mayo 2021 hasta la actualidad”. Para ello piden contar con información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber recibido provenientes de personas involucradas en el caso.
La justicia busca información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber recibido desde mayo de 2021.
También se pone la lupa respecto de Oscar Sosa, padre de uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Leonardo Sosa. En poder de este último fueron hallados 50 mil dólares durante un procedimiento.
El juez pidió los movimientos de las cuentas del padre de Sosa para conocer «las transferencias registradas, datos del ordenante y del destinatario» y detalles sobre los cheques, «fecha, monto, moneda, librador, beneficiario y endosante». Todo apunta a determinar el origen y destino de los fondos.
El juez dispuso el levantamiento de otros ocho proveedores del Fideicomiso Espacio Añelo, entre ellos Zetamix S.A, Dormipol S.A, Gioluce SRL, Cooperativa de Trabajo de los Artesanos, y otros, según confirmaron fuentes judiciales
Las medidas ordenadas por el juez apuntan a determinar si, a través de pagos supuestamente por la compra y provisión de mobiliario, Revolución Federal recibió financiación por parte de Caputo Hermanos para realizar sus actividades.
Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal están procesados en una causa en la que se investiga a una asociación que buscó imponer sus ideas o «combatir las ajenas por la fuerza o el temor».
El juez consideró en su momento que la causa debía tramitar junto a la investigación que lleva adelante su colega María Eugenia Capuchetti por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero los casos siguen separados.
La unificación de las causas es reclamada por Cristina Kirchner, al considerar los vínculos que podrían unir a Revolución Federal con los procesados por el intento de homicidio en su contra.
