El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, anunció este viernes que presentó una denuncia penal contra el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
A través de las redes sociales Soria explicó que su presentación es «por instrucción del Presidente» de la Nación, Alberto Fernández, para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos.
La denuncia, que fue presentada este viernesante la Justicia federal, requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’lessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.
Los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario, empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
El escrito presentado plantea que, de confirmarse las revelaciones periodísticas “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”.
En esta línea, la denuncia presentada por el ministro de Justicia de la Nación pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los “emblemas de la gestión” del Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el Servicio de Grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.
Al respecto, el escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
Asimismo, añade que la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, podrían dejar ver el porqué de la decisión del Gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.
Entre las medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere el secuestro del aparato de telefonía celular de Marcelo D’Alessandro -y de todos los que en el devenir de la investigación resulten implicados en los hechos denunciados- y la realización una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad.
