El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega este martes a Brasilia por primera vez desde su victoria frente al mandatario Jair Bolsonaro, con el objetivo de reunirse con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial y acompañar de cerca la transición.
Lula tiene previsto conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un legislador aliado de Bolsonaro, para abordar las directrices de una enmienda constitucional para aumentar los recursos del presupuesto de 2023.
El proceso de transición culminará con la toma de posesión de Lula el 1 de enero próximo, y las negociaciones buscan garantizar la gobernabilidad con un Congreso potencialmente opositor.
El mandatario electo fijó como prioridad que el programa Bolsa Familia, actualmente llamado Auxilio Brasil, garantice el pago de 600 reales (120 dólares) destinados a la población humilde y el aumento del salario mínimo.
«No podemos comenzar 2023 sin el Auxilio, sin un aumento real del salario mínimo. Fue prometido al pueblo en las urnas», dijo Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Lula agendó reuniones con el titular del Congreso, senador Rodrigo Pacheco, y los presidentes del Supremo Tribunal Federal y Tribunal Superior Electoral, Rosa Weber y Alexandre de Moraes.
Estrenará su despacho en el Centro Cultural del Banco do Brasil, en el este de la Capital Federal, desde donde dirigirá las actividades del equipo de transición hacia el Gobierno que asumirá el 1 de enero.
Denuncia de fraude y bloqueos
En una transición que se vislumbra tan polarizada como la campaña, siete periodistas fueron agredidos por manifestantes bolsonaristas durante un acto de denuncia de fraude en el resultado electoral realizado en el estado de Mato Grosso do Sul, en el oeste brasileño, mientras continúan 16 bloqueos de carreteras en todo el país.
Los reporteros fueron atacados este lunes por activistas frente a las instalaciones del Comando Militar del Oeste, del Ejército brasileño, en la ciudad de Campo Grande, donde también se demandó la «intervención federal» de las Fuerzas Armadas, informó la agencia de noticias Europa Press.
Este martes a la mañana se mantenían los bloqueos en 16 rutas, 9 de ellos en el estado de Mato Grosso, en la región amazónica.
También hubo incidentes en el estado de Pará, donde los manifestantes atacaron con elementos contundentes y armas de fuego a efectivos de la Policía Caminera Federal (PRF) enviados a levantar un bloqueo.
Si bien las obstrucciones de rutas tuvieron una brusca caída frente a las ocurridas la semana pasada, el juez Alexandre de Moraes determinó este lunes a la noche que la PRF y las policías de los estados informen en hasta 48 horas sobre todos los camiones y vehículos que bloquearon caminos y estuvieron en protestas frente a unidades militares.
Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal y titular del Tribunal Superior Electoral, investiga quiénes habrían organizado y financiado las medidas de fuerza de los grupos que respaldan al presidente Bolsonaro.
Al respecto, la diputada Hoffmann opinó este martes que «no es normal» que persistan en el país las protestas bolsonaristas que piden un «golpe militar» contra la elección de Lula.
«No es normal que haya gente en la puerta de los cuarteles» y que «se pida una intervención militar» para impedir la investidura de Lula, declaró la líder el PT a periodistas, de acuerdo con reportes de la prensa local.
