Fiscalía de Estado de Santiago del Estero concretó este lunes y martes nuevos operativos por la ocupación ilegal de tierras en la localidad de Los Tigres, departamento Copo, donde a mediados de septiembre pasado fue constatada la usurpación de 30 mil hectáreas pertenecientes a la provincia.
En esta oportunidad, se procedió al secuestro, decomiso, restitución de inmuebles y detención de sujetos que se encontraban incumpliendo las normas dictaminadas por el Código Civil y las leyes ambientales.
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, estuvo al frente del operativo, junto al subjefe de Policía de la provincia, comisario general Daniel Humberto Loto, acompañados por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de la Fiscalía, Dra. Andrea Olmedo, en un trabajo conjunto con la Dirección General de Rentas, Aviación Civil, el Ministerio Publico a través de los fiscales Gabriel Gómez y Santiago Bridoux, y las direcciones de Tierras de la provincia, Prensa y Vialidad, Escribanía de Gobierno, y oficiales de Justicia del Poder Judicial.
En este contexto, el Dr. Abate expresó que este es uno de los operativos más grandes que la provincia diagramó, con un total de 190 efectivos policiales que trabajaron y aun trabajan de manera conjunta con encargados, referentes y personal de distintas áreas para llevar a cabo estas tareas.
Resaltó también la logística del operativo, tanto en materia de recursos, tiempo y vocación del personal; además ratificó: “La idea es tener bajo estricto control todas las acciones irruptivas ilegales que se pudieran llevar a cabo en la provincia, es por eso que instamos a toda aquella persona a que cumpla con los procedimientos y se adhiera a lo dictaminado por la ley”.
«Hoy tuvimos una jornada extensa de intenso trabajo que abarco las 20 mil hectáreas que comprenden el campo denominado ex Faca, ubicado en Copo, ese septentrional departamento de nuestra provincia. Debo aclarar que el operativo se cumplimentó en tres fases, habiendo sido pergeñado durante el mes de agosto del corriente año, en razón de que ese inmueble había sido desalojado durante el año 2009 y ante versiones de que habrían irrumpido usurpadores a fines del 2021 y principios del 2022, se requirió de la Justicia Civil una medida preliminar de constatación a practicarse en el inmueble, cuyo propósito no era otro que identificar personas y terrenos, es decir, individualizar a los usurpadores y sus asentamientos”, explicó Abate.
“A esos efectos –prosiguió- con la resolución y el correspondiente oficio dictado por la Jueza Civil y Comercial, Dra. Lorna Luna Hernández, comenzamos la primera etapa en fecha 8 de septiembre, logrando resultados positivos con la obtención de la comprobada existencia de prácticamente una triple intrusión, con una corriente por el oeste de la propiedad comandada por empresarios de Córdoba y La Pampa; la segunda al sur y este, por empresarios de Chaco, y por último una sur y central por empresarios de Reconquista, provincia de Santa Fe, como principales arietes de la ilegal ocupación”.
“Amén de los datos personales, se advirtió en el terreno que fruto del delito se había recolectado la cantidad de 24 silos-bolsas conteniendo maíz, lo que dio comienzo a la fase dos de este operativo, que fue solicitar al juez Civil y Comercial, Dr. Sergio Santos, la medida cautelar de secuestro y posterior venta de los granos almacenados. Con la aprobación judicial, el Dr. Rodrigo Martorell, perteneciente al plantel de Fiscalía de Estado, oficio mediante, llevó a cabo la medida que insumió cuatro días de estadía dentro de esa propiedad a fin de cumplimentar con total éxito esa tarea. Ya en ese estadío temporal, el accionar del Estado se había bifurcado”.
“Una de las direcciones tenía por objeto la recuperación de la propiedad y el secuestro de maquinarias y herramientas que se encontraban en la misma, medida de naturaleza civil, mientras que en un segundo direccionamiento se interpuso acción penal, a través de la correspondiente denuncia en el juzgado de esa materia, jurisdicción Monte Quemado, donde me constituí como querellante. Y con el aporte de innumerables y concluyentes probanzas, el Ministerio Público a través de los fiscales Gabriel Gómez y Santiago Bridoux, instaron la denuncia penal ante la jueza Valeria de los Ángeles Díaz, de Monte Quemado, quien en fecha 30 de septiembre del corriente año, dictó sendas resoluciones con sus correspondientes oficios, la primera relacionada a la restitución de la propiedad denominada ex Faca de 20.000 hectáreas y el secuestro de los elementos como herramientas, maquinarias y producción que allí se encontraren y la segunda correspondiente al orden punitivo, librándose mandamiento de allanamiento y detención contra los principales implicados en la extensa lista de delitos tipificados en esa resolución, con más las habilitaciones necesarias para el cumplimiento de dicha medida”.
Agregó Abate: “Con estas herramientas procesales en nuestras manos durante el fin de semana pasado, se trabajó incansablemente para afianzar los detalles necesarios para llevar a buen puerto el operativo. Comenzando así la tercera fase del mismo en la madrugada del día lunes 3 de septiembre, se movilizaron 190 efectivos policiales de las diferentes áreas, encabezados por el subjefe de Policía y acompañado por las principales autoridades de la repartición, munidos de los vehículos aptos para transitar esos terrenos casi inaccesibles y con los adelantos tecnológicos que aportan los drones y otros elementos que permiten eficientizar los procedimientos investigativos; la Dirección de Prensa a fin que de la versión fidedigna de los aconteceres; oficiales de Justicia del Poder Judicial, encabezados por Roberto Gómez; Vialidad de la Provincia, que posibilitó el mejoramiento de las sendas que hasta el momento se tornaban intransitables como así también el cuerpo de asesores y choferes de la Fiscalía de Estado, siendo dividida toda esta gente en cuatro equipos de trabajo, con el propósito de asegurar el cumplimiento eficiente y eficaz de las órdenes judiciales, debiendo efectuar un rastrillaje intensivo de todos los sectores con el propósito de invitar a que se retiren los seudo encargados de estas empresas, quienes en la mayoría de los casos son abandonados a su suerte, viviendo de lo que esa tierra les da, en un estado de total miseria”.
Agregó Abate que “dado que el principal propósito en cuanto a la persecución penal era y es hacer cumplir el mandamiento de detención para los 11 mencionados en el oficio, auténticos responsables encontrados hasta ahora del vademécum de ilícitos producidos, ya casi finalizado el atardecer del día de ayer, los cuatro equipos fueron reunidos a fin de hacer una evaluación primaria de los resultados, habiéndose logrado la detención de dos de los requeridos y el secuestro de vehículos cuya titularidad dominial haría pasible de una ampliación de la investigación, a fin de descartar o no la posibilidad de introducir al proceso penal a nuevos imputados”.
“Este martes, Vialidad y las fuerzas de seguridad se encuentran trabajando en la eliminación de las alambradas internas que manifestaban la intensión de reparto del botín entre los autores del delito, habiéndose también echado por tierra esos lamentables refugios de encargados y demás signos de la intromisión de los foráneos en nuestras tierras”.
Finalmente, dijo que “en cumpliendo las directivas impartidas por el gobernador Gerardo Zamora se hará todo lo que fuese necesario a en procura de la defensa de nuestro patrimonio y la protección del bien colectivo”, que incluye la flora y fauna de Santiago del Estero.
“El itinere penal seguirá su curso, librándose las correspondientes capturas para los implicados, proceso que deslindará responsabilidades y determinará la sanción justa para los autores de lo que se denomina en definitiva un ambienticidio”, afirmó.