El Frente de Todos (FdT) deberá enhebrar acuerdos con los bloques provinciales para poder sancionar el proyecto del Consejo de la Magistratura, aprobado el jueves último por el Senado, que establece una nueva conformación del organismo abocado a la designación de jueces.
De hecho, con la sanción del Senado del jueves, la Cámara baja baja sólo contaba con cuatro días hábiles para debatir el nuevo proyecto, sin contar jueves y viernes de la Semana Santa que se conmemora la próxima semana.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley sancionada en el 2006 que tenia un Consejo de la Magistratura integrado por 13 miembros, una situación que -para el alto tribunal- «no respetaba el equilibrio» en su composición y puso un término para aprobar la ley, que se cumple el próximo viernes 15, plazo que la Cámara de Diputados no podrá cumplir.
La dificultad para cumplir con ese límite establecido por la Corte Suprema fue advertida por el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez, quien alertó que tras la sanción del Senado la Cámara baja «sólo tiene cuatro días hábiles» para tratar el proyecto y sostuvo que «el desenlace de esta historia depende de la Corte Suprema de Justicia».
«Estamos metidos en este entuerto por el fallo de la Corte», dijo Martínez en las últimas horas, en referencia el fallo del máximo tribunal que declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006, actualmente vigente.
En esa oportunidad, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días -que vence el próximo viernes 15- para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
A un mes y medio de la apertura de las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados no pudo avanzar aún con el tratamiento de un conjunto de leyes económicas claves para el Gobierno debido a las diferencias para conformar las comisiones asesores del cuerpo por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
Para poder avanzar en esta agenda se deben terminar de conformar las comisiones asesores del cuerpo que son indispensables para analizar y emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones del cuerpo legislativo.
En tanto, y para avanzar con la reforma del Consejo de la magistratura, el oficialismo tendrá el desafío de buscar los acuerdos necesarios para alcanzar los 129 positivos que se necesitan, ya que las leyes derivadas de la Constitución Nacional se aprueban con mayorías especiales.
En este contexto, el oficialismo tiene 118 miembros -pero 117 votos porque el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa no vota -solo lo hace en caso de empate- con los cual necesita una docena de votos y allí va a tener que buscar acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino, y Ser para lograr avanzar con la reforma.
Hasta el momento, el FdT podría tener el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, 1 del MPN, con lo cual le faltan siete votos para alcanzar los 129 votos.
El proyecto sancionado en el Senado establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado por 17 miembros de los cuales seis corresponderán al Congreso, cuatro a los jueces, cuatro a los abogados, dos a los académicos, y uno al Poder Ejecutivo.
Por su parte, en el interbloque Federal -integrado por ocho miembros- los tres de Córdoba Federal van a mantener la postura que tuvo la senadora Alejandra Vigo de votar en contra de la iniciativa, mientras habrá que ver que postura asumen los dos socialistas y los tres de Identidad Bonaerense, que integra Graciela Camaño, miembro del Consejo de la Magistratura.
En tanto, Juntos por el Cambio (JxC) votará en contra del proyecto como hizo en el Senado ya que quiere volver a poner en vigencia la ley que había hasta el 2006 donde había 20 miembros y era presidido por la Corte Suprema de Justicia.
Tras la sanción del Senado, el presidente de la bancada radical Mario Negri dijo que «el proyecto aprobado por el kirchnerismo-PJ en el Senado denota que quieren quedarse con el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial para seguir condicionando a la Justicia. Por eso no aceptaron nuestra propuesta de que la Corte presida el Consejo de la Magistratura».
«Hay una postura mayoritaria del bloque de Juntos por el Cambio que tiene que ver con proponer una modificación que sea un correlato del fallo de la Corte que estableció y conceptualizó algunas consideraciones», preciso la diputada del JxC, Ximena García a Télam.
Según precisó la diputada de JxC, «proponemos que sean 20 los miembros del Consejo, que el presidente sea el presidente de la Corte Suprema y que también se constituyan ternas permanentes de los concursados para que puedan cubrirse las vacantes con las ternas de quienes han obtenido los primeros lugares».
«Cualquier otra propuesta que no vaya en consonancia con el fallo puede correr el riesgo de ser tachada de inconstitucionalidad», aseveró la diputada nacional de la UCR por Santa Fe.
Desde el bloque de diputados nacionales de Evolución Radical, que preside Rodrigo De Loredo, señalaron que la media sanción del Senado «deja a la Justicia sin los cambios que necesita», al tiempo que «agrega incertidumbre e inestabilidad» y la calificaron como «la tercera de una serie de reformas negativas, superficiales e inconstitucionales».
El proyecto sancionado en el Senado establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado por 17 miembros de los cuales seis corresponderán al Congreso, cuatro a los jueces, cuatro a los abogados, dos a los académicos, y uno al Poder Ejecutivo.
Uno de los cambios introducidos por el Senado para tener una conformación mas federal es que los cuatro jueces y los cuatro abogados que formen parte de la magistratura sean elegidos uno por cada región del país: AMBA, Norte, Centro y Sur del país.
Además se incluyó una comisión, de «Asuntos Federales», integrada por cuatro senadores, como consejeros ad honorem, que no tendrán voto para la designación de jueces ni para el proceso disciplinario a los magistrados.
